Con motivo de la celebración de las Jornadas sobre la Modernización en las Relaciones Externas e Internas de las Administraciones Públicas, celebradas en Valencia la pasada semana, hemos hablado con David Mellado, secretario general Técnico de Hacienda y Administraciones Públicas. Nos ha detallado las principales novedades, dificultades y ventajas que presentan las leyes 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobadas recientemente.
Pregunta: ¿Qué consecuencias principales tiene la aprobación de estas nuevas leyes?
Respuesta: Las consecuencias son distintas según se trate de gestores públicos o ciudadanos. Para los gestores públicos supone un cambio en el modo de trabajo, en primer lugar se acabó el papel, toda actuación administrativa debe ser electrónica tanto en la relación con los ciudadanos como para relacionarse internamente. Pasamos de tener en torno a un 75% de gestión electrónica de los procedimientos a nivel estatal, a tener un 100% y en todas las Administraciones.
Se termina con la dispersión normativa al tiempo de regular los procedimientos. Podemos afirmar que no hay más procedimiento que el previsto en la ley, único y común con independencia de la Administración pública que lo gestione, de ahí que los procedimientos regulados en reglamentos dejen de existir. El procedimiento administrativo se adapta a la jurisprudencia de nuestros Tribunales, que deja de ser jurisprudencia para formar parte del derecho positivo como parte del articulado de la Ley para mayor seguridad jurídica de todos, y las normas administrativas convergen con las procesales en cuestiones como sábados inhábiles, apoderamientos, medidas provisionales, capacidad de obrar…
De otro lado la gestión pública estrena nuevos mecanismos de control. La supervisión continua del sector público institucional, que vigilará anualmente cómo se están gestionando todos los organismos y entidades, el inventario de entes públicos, que por primera vez nos aportará una foto completa de todos los organismos y entidades existentes tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y local, o un nuevo régimen de convenios que ordena sus contenidos, tipos y tramitación a seguir, son expresiones de un nuevo marco legal que dota de mayor disciplina y seguridad jurídica a las Administraciones Públicas.
P: ¿De qué hablamos cuando hablamos de una “administración sin papeles”?
R: Podemos decir que estas leyes inauguran una nueva Administración, la Administración digital. De un lado existen personas que obligatoriamente deben relacionarse electrónicamente con la Administración, como las personas jurídicas, los entes sin personalidad jurídica. En términos generales ya se estaban relacionando electrónicamente con la Administración, en el ámbito tributario, de seguridad social o a la hora de facturar a las Administraciones, pues están obligadas a facturar electrónicamente. A partir de ahora lo harán para toda actuación y en relación con todas las Administraciones Públicas. De otro lado, la Administración sólo puede expresarse electrónicamente, de ahí que se regule novedosamente el expediente, los documentos o la forma de las actuaciones subrayando su necesaria forma electrónica. Pero ¿qué pasa con el resto de personas, es decir las personas físicas? Las personas físicas pueden presentarnos papel, pero se lo devolvemos. Sí, no nos podemos quedar con papel, debemos digitalizar todo documento que se incorpore en nuestros registros, a fin de incorporarlo en los expedientes. Y es más, no sólo debemos devolver el papel, sino que las personas físicas tienen derecho a una copia electrónica de los documentos presentados.
P: ¿Qué consecuencias va a tener en la gestión cotidiana?
R: El inicio se antoja duro. Un proceso de transformación tan revolucionario nos va a exigir tener una formación orientada a las nuevas tecnologías y a cambiar nuestros hábitos de trabajo, para lo que la Ley daba un año desde su aprobación para facilitar esa transición. Ahora bien, la digitalización de la Administración genera enormes eficiencias, tanto económicas como de gestión de tiempo. Compartir sistemas, información, documentos… facilitan no sólo nuestro quehacer sino la vida de los ciudadanos. Aunque todas las novedades de la ley cuentan con el respaldo de experiencias de éxito contrastadas en determinados entes, pues ha partido de la realidad, de lo que la Administración ya era capaz de hacer en términos tecnológicos, su generalización a todo el sector público precisa de la entrega y esfuerzo de los empleados públicos, sostén último de la Administración.
P: ¿Hay una estimación de ahorro de costes y de recursos?
R: Con ocasión de la tramitación de las leyes la memoria económica recoge que hasta ahora los ahorros conseguidos por ciudadanos y empresas hasta el año 2014 por el uso de la Administración electrónica superan los 31 millones de euros, cifra que se espera que aumenten considerablemente con estas nuevas leyes. Por ejemplo, tal y como se señala en la memoria la sustitución de los envíos postales por electrónicos genera un ahorro puede estimado de 4,06 euros por envío. Si tenemos en cuenta el efecto multiplicador en todos los envíos que realizan los Administraciones podemos estar hablando de ahorros muy significativos.
P: La nueva gestión electrónica, ¿es un derecho o un deber?, es decir, ¿los ciudadanos podrán seguir haciendo sus trámites en papel?
R: A diferencia de la normativa de 2007, a partir de ahora la relación electrónica con la Administración tiene naturaleza mixta, pues como hemos visto para algunos es un deber y para otros es un derecho. Los ciudadanos pueden presentar papel pero nosotros, la Administración, debemos digitalizarlo. Es necesario subrayar que todos, ya obligados o no, tenemos derecho a que nos asistan en la relación electrónica con las Administraciones Públicas, de modo que no están solos. La Administración debe ofrecer todos los canales posibles para hacer más fácil la relación electrónica.
P: Este nuevo sistema, además de ser más ágil, ¿simplificará la burocracia habitual?
R: Las nuevas tecnologías nos simplifican enormemente el día a día, y lo mismo está pasando en la Administración. Los formatos electrónicos facilitan el funcionamiento de todo. A modo de ejemplo hasta el año 2016 se han tramitado más de 11 millones y medio de facturas electrónicas en las Administraciones, o se intermediaron más de 10 millones de documentos electrónicos entre Administraciones. Y esto es solo el principio. A partir de ahora, por ejemplo, todo órgano estará identificado con un código lo que permite que las “maquinas” hagan el trabajo de dirigir los escritos al órgano competente. Las nuevas leyes introducen mejoras como la recepción de avisos en el teléfono móvil o en el correo electrónico de que se tiene una notificación disponible, la admisión de un escrito en cualquier oficina de asistencia con independencia de a quién se dirija, un nuevo sistema de publicidad de las notificaciones infructuosas centralizado a través del BOE, el derecho a presentar copias y no originales… son cambios que avanzan en la línea de una Administración al alcance de un click. Todo ello reducirá considerablemente las cargas administrativas de ciudadanos y empresas agilizando en tiempos y costes su relación con la Administración.
Noticia publicada: 03/10/2016
