El tejido empresarial y la forma de producir de las empresas pueden cambiar a través la contratación pública, según asegura la presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez, con quien hemos hablado con motivo de su participación en el curso sobre cuestiones prácticas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, organizado conjuntamente por ADEIT y la Universitat de València.
Empecemos con una valoración personal sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público. ¿Mejora la nueva normativa la legislación anterior en esta materia?
Se trata de una ley que, aparentemente, es muy compleja. Los operadores, los que tenemos que aplicarla, al principio nos hemos asustado un poco porque es verdad que es técnicamente compleja, pero tiene una virtualidad desde mi punto de vista; es una ley flexible y nos da mecanismos alternativos para conseguir un mismo objetivo. Es decir, tiene mimbres para construir un buen cesto de la contratación pública. Aparentemente es compleja y exige mucha especialización y conocimiento de materias tangenciales, pero yo creo que al final, cuando tengamos un poco de rodaje con ella, vamos a ver cómo nos da instrumentos para atender a los problemas que durante mucho tiempo se nos han planteado en la contratación y, sobre todo, en la actuación administrativa, que muy encorsetada. Esta ley nos libera el corsé, nos da opciones para lograr los resultados que queremos obtener y eso es lo que me parece más interesante de la ley.
La aplicación práctica de la ley está resultando compleja, ¿cuáles son las principales dudas interpretativas?
Hay una duda que es la duda estrella que es la utilización del contrato menor. El contrato menor es un contrato que por razón de su cuantía implica prácticamente un contrato directo, se emite una factura y se paga con muy poquito control. Hemos abusado mucho de él en el pasado, pero también hay que reconocer que era un instrumento muy bueno para los municipios y las organizaciones pequeñas o, por ejemplo, para las universidades y los investigadores. Al haberlo restringido y limitado tanto, los operadores están intentando escapar de ese control, como la famosa huida del derecho administrativo, y son imaginativos, la verdad. De manera que ha habido que interpretar el alcance de esos preceptos y ha habido interpretaciones muy dispares. Aquí tenemos una primera dificultad, cómo la implementación de cuestiones técnicas complicadas y la contratación electrónica puede afectar a los municipios y muy especialmente a los pequeños municipios. En cuanto les tocas su contrato menor y les obligas a contratar todo electrónicamente, algunos no tienen medios. Ahí es donde está el problema, pero entiendo que, en el momento que la ley empiece a rodar y haya medios, el problema se pasará. Ahora mismo el principal problema es ese; esos mecanismos de facilidad que tenían los municipios, que dejan de tenerlos, y por otra, parte, las exigencias de transparencia y de buen gobierno que se les imponen, y no tienen herramientas claras para desarrollar.
¿Qué aspectos destacaría de la nueva ley?
Una cosa es lo que dice la ley y otra como la aplicamos. Las leyes tienden a ser buenistas, tienden a tener objetivos muy loables; otra cosa es que luego lo consigamos y cómo lo hagamos. Hay dos aspectos fundamentales, que ya se plasman abiertamente en la propia exposición de motivos de la ley, que son la transparencia y la estrategia. Si utilizamos bien los mecanismos que la ley nos da de buen gobierno, de trasparencia y de estrategia podemos multiplicar el efecto que la contratación pública tiene en todas las contrataciones del estado. Estamos hablando de un 19 por ciento del PIB. Afecta muchísimo, incluso a las pensiones. Si yo consigo en mi contratación implementar estrategia, eficiencia y ahorro suficiente, se traduce en muchos millones de euros. Es algo absolutamente transversal. La ley nos los da los mecanismo, luego los tenemos que usar bien y esto es lo más complicado.
Y, por contra, ¿cuáles son las áreas más críticas?
Es una ley que nos aboca a todos a la especialización. Ya nos lo ha dicho la Unión Europea; hay que especializarse, no basta con ser un burócrata. Eso implica medios y ganas. Es donde la ley se nos puede desmoronar; no es una ley para legos.
La nueva ley incorpora criterios sociales, medioambientales y de innovación como criterios de solvencia, de adjudicación y condiciones especiales de ejecución, ¿es utópico pensar que esta ley pueda conseguir una sociedad más justa, innovadora y medioambientalmente más sostenible?
No es nada utópico. Yo pienso que la contratación pública y las administraciones en general son tractoras de cualquier política y pueden hacer una sociedad más justa e innovadora. Si la Administración, por ejemplo, solo pidiera coches eléctricos para sus flotas y sus servicios públicos, al final el mercado del coche eléctrico se potenciaría y terminaría generando más oferta a mejores precios y también mayor demanda. Al final la contratación pública mueve tantísimos recursos económicos que es tractora de cualquier política. Y claro que hace ilusión pensarlo, apetece muchísimo.
A través de la contratación pública se puede exigir que, por ejemplo, la energía sea cien por cien renovable y eso va a cambiar la forma de producir de las empresas e, incluso, el propio tejido empresarial.
Noticia publicada: 14/06/2018
