El pasado 9 de noviembre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Dicha ley introduce cambios sustanciales en el ámbito de la contratación pública, herramienta que puede contribuir al desarrollo de políticas estratégicas tanto de la Unión Europea como de sus estados miembros, en el marco del mercado único y del principio de igualdad de oportunidades reconocido en los tratados fundacionales de la Unión Europea.
Dada la importancia de la aprobación de esta ley, la Fundación Universidad de Empresa junto con la Universitat de València, con la homologación por parte del Instituto Valenciano de Administración Pública y con la colaboración de Broseta y Cuatrecasas, organiza unas jornadas cuyo objetivo es formar a los poderes adjudicadores y a otras entidades del sector público, dando a conocer todos los nuevos aspectos introducidos por la norma. Para ello, están programadas un total de seis jornadas que contarán con profesores, funcionarios en institucions públicas y profesionales de reconocido prestigio expertos en la materia. Todas ellas se desarrollarán los martes por la tarde desde el próximo día 9 de enero hasta el 13 de febrero.
La primera sesión se celebrará el martes 9 de enero, de 15.30 a 20 horas, en la que intervendrán Alberto Palomar, magistrado y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid; Ramón Terol, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante; Josep Ortiz, abogado de Gómez-Acebo y Pombo y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universitat de València y Ana Bueno, jefa de Servicios de Compras de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Todos ellos tratarán algunas de las novedades que presenta esta nueva normativa.
Más mecanismos contra el fraude
Esta nueva legislación reconoce como novedad el principio de integridad, contemplado en el artículo 1.1. de la propia ley, que persigue que la contratación pública se realice con honestidad y con respeto al interés general. Se introducen así mecanismos contra el fraude, la corrupción y el favoritismo en la contratación pública, por lo que se incrementan las obligaciones de transparencia, y queda regulado, por primera vez, el conflicto de interés lo que favorece la profesionalización de las mesas de contratación, y en general, los agentes que participan en el proceso de contratación pública.
Asimismo, esta ordenanza favorece la contratación de pequeñas y medianas empresas, a través de la contratación por lotes con carácter general, lo que invierte la regla que hasta la aprobación de las directivas existía en España. Por otra parte, se introduce en el marco de la estrategia en la contratación la obligatoriedad de contemplar criterios sociales, medioambientales y de innovación, siempre que estas tengan relación con la materia contratada. También se tendrá en cuenta la utilización de nuevas tecnologías para favorecer la agilidad y seguridad en la contratación.
Más información: Jornadas sobre las novedades de la contratación en el sector público
Noticia publicada: 05/01/2017
