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Reconocidos juristas y académicos debaten la nueva Ley de Contratos del Sector Público en ADEIT

Con el objetivo de analizar la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la Fundación ADEIT ha organizado unas jornadas con taller práctico sobre la misma. En ellas, se ha subrayado que uno de los principales objetivos que pretende esta ley es el apoyo a las pymes. «Que la contratación pública sirva como instrumento para que las pequeñas y medianas empresas, no en España sino en el ámbito europeo, tengan mayor facilidad para acceder al mercado público. Mercado en el que se estima que puede moverse un 15% del PIB de la Unión Europea dato que lo convierte en una parte importante del sector económico». Así lo ha explicado Rafael Domínguez, abogado Jefe del Estado del Ministerio de Fomento, uno de los expertos que ha participado no solo en las jornadas junto con reconocidos juristas y académicos sino también en la elaboración de esta ley. Esta nueva regulación, en la actualidad, se encuentra en fase de enmienda en el Congreso de los Diputados.

La UE determinó que las pymes no participaban en el mercado público lo que «sería deseable», en palabras de Rafael Domínguez, abogado Jefe del Estado del Ministerio de Fomento, por lo que las nuevas directivas van ligadas a facilitar su acceso

Como ha repasado Domínguez, la Unión Europea determinó que las pymes no participaban en el mercado. Ahora «sería deseable», subraya Domínguez y es por ello que las nuevas directivas incluyen una serie de medidas que fundamentalmente van ligadas a flexibilizar los procedimientos en materia de contratación pública, reducir las exigencias en materia de solvencia, y como novedad, la limitación según la cual no se podrá exigir una facturación anual superior al valor estimado del contrato.

Taller práctico sobre aplicación de la nueva ley
Las jornadas, inauguradas por Alfonso Maldonado, presidente de la Fundación ADEIT y Bárbara López, subsecretaria de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas a la que asistieron 120 personas, se estructuraron en dos partes: los días 22 y 23, la formación fue de carácter teórico con sesiones plenarias en las que participaron reconocidos altos funcionarios y expertos del ámbito académico y profesional del derecho administrativo como Juan José Pardo, expresidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Alberto Palomar, profesor y magistrado, Víctor Almonacid, José Antonio Moreno Molina, José María Baño y María del Carmen Núñez, catedráticos de las universidades de Castilla-La Mancha, de la Complutense y de la de Huelva, respectivamente; Borja Adriano, jefe del Servicio Jurídico Regional de la AEAT en Castilla-La Mancha y José Luis Martínez Morales, profesor titular de la Universitat de València, abogado de reconocido prestigio y patrono de nuestra fundación, entre otros.

La coordinación académica de las jornadas corrió a cargo de Gabriel Doménech, profesor titular de la Universitat de València y contaron con la colaboración del IVAP, de la FVMP, la CEV, BROSETA y Cuatrecasas.

La coordinación académica de las jornadas corrió a cargo de Gabriel Doménech, profesor titular de la Universitat de València y contaron con la colaboración del IVAP, de la FVMP, la CEV, BROSETA y Cuatrecasas

El último día de las jornadas, jueves 25, se llevó a cabo un taller práctico sobre esta nueva ley en la que participaron Ana Bueno, jefa de Servicio de Compras de la Generalitat Valenciana, Carmen Noguero, subdirectora general de Análisis y Planificación de la Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Batet, jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación de Castellón y Gabriel Sánchez, subdirector adjunto de la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el taller se expuso el funcionamiento del servicio de compras de la Generalitat, del del Estado y del de la Diputación –en concreto la de Castellón- así como la plataforma digital de contratación del sector público, que despertaron gran interés en los asistentes que participaron activamente en el turno de preguntas.

Principales novedades de esta nueva ley
La nueva Ley de Contratos del Sector Público «reordena la forma de contratar de muchas entidades» en palabras de Rafael Domínguez, Abogado Jefe del Estado del Ministerio de Fomento. Es así como las nuevas directivas hacen servir la contratación pública como herramienta de consecución de fines sociales y medioambientales así como de fomento de la innovación. «Es otra de las apuestas que ha hecho la UE: que la contratación pública sirva para que la administración pública contrate servicios con un grado creativo muy importante», señala Domínguez. La forma de determinar el grado de innovación de una empresa todavía es difusa. «En el proceso de contratación hay dos fases, una que examina la capacidad de la empresa y otra que examina la oferta. En la de capacidad, se valora la solvencia a través de los criterios de selección; con los criterios de adjudicación, se valora la oferta de esa empresa. En principio, la innovación parece que se valoraría más como criterio de adjudicación, es decir, que esa oferta presente soluciones innovadoras», comenta Domínguez. Hasta ahora, lo que sí es seguro es que las directivas abrirán procedimientos nuevos como son el diálogo competitivo, la consulta preliminar de mercado o la asociación para la innovación.

«Es otra de las apuestas que ha hecho la UE: que la contratación pública sirva para que la administración pública contrate servicios con un grado creativo muy importante», señala Domínguez. 

Las cuestiones sociales y medioambientales también tienen cabida en el nuevo texto legislativo, de hecho, las directivas permiten la exigencia de condiciones especiales de ejecución de carácter laboral y el respeto a unos mínimos salariales en los contratos, punto que «está generando cierta controversia en cuanto a qué margen hay para establecer estos requisitos sociales, es decir, en qué medida esos requisitos sociales pueden constituir una restricción a la libre competencia en relación con las empresas», apunta Domínguez. Pese a que todavía falta una transposición sistemática de directivas, la libre competencia también es un tema que tiene en cuenta la nueva ley los contratos que en la legislación sufre cambios en materia de modificación.

Noticia publicada: 25/05/2017