El año 2019 comenzará, entre otras medidas laborales, con el aumento del salario mínimo interprofesional hasta 900 euros al mes. Una medida que, en voz de los expertos, elevará la base mínima de cotización, lo que proveerá de mayores ingresos a la Seguridad Social. Además, se beneficiará, entre otros, a los sectores más desfavorecidos laboralmente que no cuentan con un convenio colectivo. Así lo explica el codirector del Máster Propio en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universitat de València, Jesús García Ortega. El profesor y especialista en Derecho del Trabajo ve en este aumento del salario mínimo una medida positiva que protegerá al contratante débil y, a su vez, al subir la base mínima en el mismo porcentaje, las consecuencias en orden de recaudación serán también muy importantes, explica.
En España, el Derecho del Trabajo, en la práctica, cuenta con «viejos vicios» y «cuesta mucho evolucionar», indica García Ortega. A veces, ante situaciones bastante evidentes, los particulares tienen que acabar pidiendo al juez nacional que plantee cuestiones prejudiciales para que sea el Tribunal de Luxemburgo, y en ocasiones el Tribunal de Derechos Humanos, el que tenga que resolver. «Habría que encontrar unas vías más directas para que se hallara justicia en el ámbito nacional», remarca el experto.
En este sentido, García Ortega subraya que se tendría que conseguir que los operadores jurídicos tuvieran elementos necesarios para aplicar las nuevas directrices y los principios de la norma comunitaria. «Allanar ese camino. Hacer que el operador jurídico nacional estuviera más atento a la aplicación de esa nueva normativa sin la necesidad de que el particular tuviera que realizar esos caminos más amplios y tan problemáticos. Cierto es que la aplicación de la normativa interna adaptada a la normativa comunitaria a veces resulta problemática», reconoce el profesor.
Aumento del 10% de la base máxima de cotización
Por lo que respecta al ámbito de la Seguridad Social, otra de las medidas que ha aprobado el Gobierno para 2019 es subir las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12 por ciento. El experto vaticina que esta medida puede considerarse razonable: quien más tiene que pague más. Pero se pregunta si es conveniente que dentro de un sistema contributivo, en el que la pensión no se elevará en el mismo porcentaje, alguien pague más a sabiendas de que eso no le va a suponer tener derecho a más pensión.
Cierto es, como aclara García Ortega, que esta medida va a suponer mayores ingresos, pero también enajenará a un colectivo de personas de rentas altas que puede que busquen resolver sus problemas de rentas de sustitución del salario en el momento de jubilación por otros medios. «Si la pensión máxima no se eleva en el mismo porcentaje, aquí hay personas a las que se les pide mucho y no se les va a dar nada. Y algo tendrán que decir», subraya el experto.
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Máster Propio en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Noticia publicada: 07/12/2018
